Abogada · Especialista en Derecho Público · Maestrante en Derecho · Cali
El Estado tiene quién lo defienda. Usted, desde hoy, también.
Defensa en procesos de responsabilidad fiscal y disciplinarios, y reclamaciones frente al Estado. He trabajado dentro de los órganos de control: sé cómo se construye un expediente y, por eso, sé exactamente por dónde defenderlo.
Responsabilidad fiscalDemandas contra el EstadoDerecho disciplinarioContratación estatalNulidad y restablecimiento del derechoReparación directaAcciones de tutelaAsesoría a entidades públicasResponsabilidad fiscalDemandas contra el EstadoDerecho disciplinarioContratación estatalNulidad y restablecimiento del derechoReparación directaAcciones de tutelaAsesoría a entidades públicas
T.P. 442549 · C.S.J.
Sobre mí
Conozco el expediente desde el otro lado de la mesa.
La mayoría de abogados estudia cómo funciona un órgano de control. Yo he trabajado dentro de ellos.
Soy Alexandra Álvarez Rivera, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Público y maestrante en Derecho de la Universidad ICESI. Mi carrera se ha construido dentro del Estado: en la Contraloría General de Santiago de Cali he sustanciado grados de consulta en procesos de responsabilidad fiscal y elaborado lineamientos sobre caducidad y prescripción; en secretarías del Distrito de Cali y en Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) proyecté resoluciones, conceptos y respuestas institucionales; y en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito apoyé la defensa judicial y el comité de conciliación.
Eso significa algo muy concreto para usted: sé qué revisa un contralor antes de abrir un proceso, qué debilidades busca en una versión libre y qué errores de la entidad pueden salvar su caso. No parto de la teoría: parto de haber visto cientos de expedientes por dentro.
Hoy pongo ese conocimiento al servicio de quien enfrenta al Estado o responde ante él. Y le hablo con franqueza desde el primer día: no vendo resultados garantizados, porque nadie honesto puede hacerlo. Ofrezco algo más valioso: una estrategia construida por alguien que conoce las reglas del juego por dentro, comunicación clara y dedicación personal a su caso.
Pregrado
Abogada, Pontificia Universidad Javeriana. Énfasis en Derecho Público.
Especialización
Derecho Público, Universidad ICESI.
Maestría
Maestrante en Derecho, Universidad ICESI. Último semestre.
Trayectoria
Contraloría General de Santiago de Cali, secretarías del Distrito, Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública y Empresas Sociales del Estado (E.S.E.).
¿Cuál es su situación?
Si se reconoce aquí, hablemos.
Empiece por lo que le preocupa hoy. Cada situación tiene su camino y su momento para actuar.
Personas investigadas
¿Le notificaron un proceso de responsabilidad fiscal o disciplinario?
Respire. Un auto de apertura no es una condena: es el inicio de un proceso con reglas que también protegen sus derechos. Estudio su expediente, le explico exactamente en qué punto está y qué se puede hacer en cada etapa, y asumo su defensa con rigor y reserva.
¿Una entidad pública le causó un daño o le negó un derecho?
Un acto administrativo injusto, un daño por una obra pública, una prestación negada, una sanción desproporcionada. El Estado también responde, pero los términos para reclamar son cortos y se cuentan desde antes de lo que la mayoría cree.
¿Ejecuta contratos públicos y recibió un requerimiento?
Le ayudo a responder a tiempo y con soporte técnico, a documentar bien la ejecución y a liquidar sin dejar cabos sueltos. Y si el proceso ya empezó, construyo su defensa conociendo cómo audita quien lo requiere.
Asesoro entidades que quieren prevenir hallazgos, capacito equipos y trabajo con colegas y firmas como apoyo especializado en responsabilidad fiscal: sustanciación, conceptos técnicos y estrategia procesal.
No se lo digo para alarmarle: se lo digo porque los términos corren desde la notificación y cada etapa que pasa sin defensa técnica es una oportunidad que no vuelve. Actuar temprano no es una frase de venta, es la diferencia procesal más importante de todo el caso.
01
Un fallo con responsabilidad fiscal lo inscribe en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría.Mientras figure allí, ninguna entidad puede posesionarlo ni contratar con usted.
02
Genera inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado por cinco años.Según el régimen de inhabilidades para ejercer cargos y contratar con el Estado.
03
Desde etapas tempranas pueden decretarse medidas cautelares sobre sus bienes.Embargos y secuestros para garantizar el presunto detrimento.
04
La buena noticia: el proceso tiene reglas estrictas que también obligan a la contraloría.Caducidad, prescripción, debido proceso y carga de la prueba juegan a su favor si se invocan a tiempo.
Servicios
Derecho público, de ambos lados.
Defiendo a quien es investigado por el Estado y reclamo ante el Estado cuando es este quien vulnera derechos. Cada asunto se estudia de forma individual y bajo estricta reserva.
/ 01
Defensa en responsabilidad fiscal
Ley 610 de 2000 · Ley 1474 de 2011
Representación integral ante contralorías, desde la indagación preliminar hasta el grado de consulta. Antes que nada reviso lo que muchos pasan por alto: caducidad, prescripción, vicios de notificación y fallas en la vinculación.
Versión libre y espontánea: la primera y más estratégica oportunidad de defensa
Descargos, práctica y controversia de pruebas
Defensa frente a medidas cautelares sobre sus bienes
Recursos, grado de consulta y solicitudes de archivo
Gestión de exclusión del Boletín de Responsables Fiscales
/ 02
Demandas y reclamaciones contra el Estado
CPACA · Ley 1437 de 2011
Cuando es el Estado quien le causa el daño, también hay camino jurídico. Tenga presente que un acto administrativo particular solo puede demandarse, por regla general, dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación: el tiempo importa.
Nulidad y restablecimiento del derecho: sanciones, retiros del servicio, actos que le afectan
Reparación directa por daños causados por acción u omisión de entidades públicas
Controversias contractuales con entidades estatales
Conciliación prejudicial ante la Procuraduría
Reclamaciones laborales y prestacionales frente a entidades públicas
/ 03
Derecho disciplinario
Código General Disciplinario · Ley 1952 de 2019
Defensa técnica ante la Procuraduría, personerías y oficinas de control interno disciplinario. Una sanción disciplinaria puede significar destitución e inhabilidad: se enfrenta con estrategia, no con formatos.
Defensa en indagación e investigación disciplinaria
Versión libre, descargos y alegatos de conclusión
Recursos contra fallos sancionatorios
Análisis de ilicitud sustancial y ausencia de responsabilidad
/ 04
Contratación estatal
Ley 80 de 1993 · Ley 1150 de 2007 · Decreto 1082 de 2015
Acompaño toda la vida del contrato estatal con un objetivo claro: que usted ejecute tranquilo y que ningún acta, informe o liquidación se convierta después en un hallazgo.
Estructuración de propuestas y acompañamiento en SECOP II
Supervisión, ejecución, modificaciones y liquidación
Defensa en procesos sancionatorios por presunto incumplimiento
Respuesta técnica a requerimientos de órganos de control
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Acciones constitucionales
Constitución Política · Decreto 2591 de 1991
Cuando un derecho fundamental está en riesgo, la respuesta debe ser inmediata y bien construida: una tutela mal planteada puede cerrar puertas que estaban abiertas.
Acciones de tutela contra entidades públicas y particulares
Acciones de cumplimiento
Derechos de petición estratégicos y su insistencia
Incidentes de desacato
/ 06
Asesoría preventiva y formación
Para entidades, equipos directivos y contratistas
Prevenir cuesta menos que defender. He elaborado lineamientos institucionales para órganos de control: ese mismo rigor lo aplico a auditar sus riesgos antes de que otro lo haga.
Revisión preventiva de expedientes contractuales y actuaciones
Lineamientos y protocolos internos de gestión del riesgo fiscal
Capacitación a supervisores, interventores y equipos jurídicos
Apoyo especializado y conceptos para colegas y firmas
Cómo trabajo
Método claro, cero sorpresas.
Desde la primera conversación sabrá qué sigue, cuánto cuesta y cómo avanza su caso. Lo mantengo informado en lenguaje claro, no en jerga.
i
Valoración honesta
Escucho su situación, reviso los documentos clave y le doy una lectura franca del panorama, incluso si mi consejo es que no necesita litigio.
ii
Estrategia por escrito
Estudio el expediente a fondo, identifico términos, riesgos y oportunidades, y le presento la ruta de defensa con honorarios acordados por escrito.
iii
Ejecución rigurosa
Versión libre, descargos, pruebas, demandas y recursos: cada actuación se presenta con técnica y dentro del término, sin delegar su caso.
iv
Hasta el cierre
Le acompaño hasta la decisión final y lo que venga después: recursos, exclusión de boletines o cumplimiento de la sentencia.
Primer paso
Una hora que puede cambiar el rumbo de su caso.
La consulta inicial no es una charla comercial: es trabajo jurídico real. Llegue con sus documentos y salga sabiendo en qué punto está, qué términos corren y cuáles son sus opciones. Si decidimos trabajar juntos, este valor se abona a los honorarios del caso.
Consulta inicial de valoración
180.000 pesos colombianos
Hasta 60 minutos · Presencial en Cali o por videollamada
Revisión previa de los documentos que envíe
Lectura franca de su situación y de los términos que corren
Opciones concretas de acción, con sus riesgos y costos
Se abona a los honorarios si contrata la representación
Es la actuación con la que una contraloría determina si la gestión de recursos públicos causó un daño al patrimonio del Estado y quién debe resarcirlo. Se rige por la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011. No es un proceso penal ni disciplinario, aunque pueden coexistir. Tiene etapas definidas, y en cada una existen oportunidades de defensa que caducan si no se ejercen a tiempo.
Antes de rendir versión libre, idealmente. Es la primera declaración que queda en el expediente y marca toda la estrategia posterior. Si ya pasó esa etapa, cada momento sigue siendo mejor que el siguiente: los términos para pedir pruebas, presentar descargos o interponer recursos no se recuperan una vez vencidos.
No. Soy especialista en derecho público, y eso abarca también procesos disciplinarios, demandas contra el Estado (nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales), reclamaciones prestacionales, acciones de tutela y asesoría en contratación estatal. Si su asunto es contra una entidad pública o proviene de ella, es mi campo.
Sí. Los procesos ante contralorías y la jurisdicción contencioso administrativa se tramitan hoy en gran parte de forma electrónica, lo que me permite representar clientes en todo el país. Trabajo con reuniones por videollamada, expediente digital y comunicación constante por WhatsApp y correo.
La consulta inicial tiene un valor de 180.000 pesos y se abona a los honorarios si contrata la representación. Los honorarios del caso se pactan por escrito antes de iniciar, según la complejidad y las etapas del proceso, con opciones de pago por fases. Sin letra menuda: usted sabrá desde el principio cuánto y por qué.
No, y desconfíe de quien lo haga: el resultado depende de las pruebas, del expediente y del criterio de quien decide. Lo que sí le garantizo es lo que está en mis manos: estudio serio, actuaciones presentadas a tiempo y con técnica, información honesta sobre sus probabilidades y dedicación personal a su caso.
Contacto
Su caso merece una lectura seria. Empecemos hoy.
Escríbame con confianza: todo lo que comparta queda bajo reserva profesional. Respondo personalmente, normalmente el mismo día hábil.
Cali, Valle del Cauca · Atención virtual en toda Colombia
Ley 1581 de 2012
Política de Tratamiento de Datos Personales
Última actualización: julio de 2026.
1. Responsable del tratamiento
Alexandra Álvarez Rivera, abogada (T.P. 442549, C.S.J.), con domicilio en Cali, Valle del Cauca. Correo: alvarezrivera.abogada@gmail.com. Teléfono: +57 310 820 3133.
2. Finalidad
Los datos personales que usted suministre a través de este sitio (nombre, correo, teléfono y la información de su mensaje) serán tratados con las siguientes finalidades: (i) atender su solicitud de contacto o consulta; (ii) brindar orientación jurídica y, si corresponde, formular una propuesta de servicios; (iii) mantener comunicación sobre el trámite de su solicitud.
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